Por Joseph Daccarett

Si algo nos han enseñado estos tres años del primer gobierno de izquierda en Colombia, es el enorme riesgo que implica delegar sin control el destino de un país en manos de una sola persona. Más allá de las diferencias ideológicas, el verdadero aprendizaje que debemos extraer de este ciclo es la urgente necesidad de replantear el equilibrio de poderes, especialmente en lo que respecta a la figura presidencial.

Lo más peligroso que puede pasarle a Colombia es seguir creyendo que vivimos en una democracia madura solo porque existen formalmente pesos y contrapesos. La experiencia reciente ha demostrado que una persona con una visión errática o ideologizada, sin las restricciones adecuadas, puede provocar daños profundos a la estructura económica y social del país.

Uno de los más evidentes es la desarticulación acelerada de industrias estratégicas como la petrolera, la carbonífera y la del gas. Aunque todas requieren una transición responsable hacia modelos más sostenibles, la forma en que se ha llevado a cabo este proceso ha sido apresurada y carente de planificación técnica. Las consecuencias ya son palpables: caída en la producción, pérdida de empleos, afectaciones fiscales y déficits energéticos que, sin duda, heredará el próximo gobierno.

¿Qué ocurriría si mañana un presidente considera que el café es un producto adictivo y, bajo esa premisa, ordena detener su producción? Suena absurdo, pero bajo la lógica actual, es una posibilidad real. Ya hemos escuchado afirmaciones como que el carbón es “peor que la cocaína”, una frase desafortunada que evidencia cómo decisiones fundamentales están siendo tomadas sin sustento técnico ni evidencia.

Pero no se detiene allí. Esta misma lógica de decisiones unilaterales y sin sustento técnico ha generado tres crisis adicionales de gran calado:

Primero, la desarticulación del sistema de salud, que ha sido llevado al borde del colapso a través de decretos improvisados, como el publicado esta misma semana. Estamos viviendo una de las crisis sanitarias más graves de la historia reciente, no por falta de recursos, sino por decisiones que han desmontado los pilares de un sistema que, con sus fallas, aún garantiza cobertura y atención para millones de colombianos.

Segundo, la eliminación de subsidios al sector de la construcción, una medida que ha significado un freno brusco en uno de los motores más importantes de la economía. Este golpe al Empleo, la inversión y la confianza del sector privado ha sido disfrazado de racionalización fiscal, cuando en realidad refleja una desconexión absoluta con la realidad económica de las regiones.

Y tercero, la necesidad urgente de una misión nacional que devuelva a las Fuerzas Armadas su rol constitucional de garantizar la seguridad del territorio. En la práctica, los grupos criminales se han convertido en intocables, amparados por un discurso que romantiza las causas de la delincuencia. En lugar de fortalecer la ley, se ha debilitado el aparato estatal de seguridad, poniendo en riesgo la vida de millones de ciudadanos, especialmente en las zonas más vulnerables.

Por eso insisto: no se trata de una crítica coyuntural, sino de una reflexión estructural. Es momento de limitar el poder de la figura presidencial en lo que respecta a la conducción económica, institucional y de seguridad del país. Propongo la creación de un comité técnico, plural e independiente, que actúe como instancia de respaldo y control frente a decisiones de alto impacto. Colombia no puede depender del estado de ánimo, gustos personales o inclinaciones ideológicas de quien ocupe la Casa de Nariño.

También es imperativo que el país se tome en serio la salud física y mental del presidente. En democracias responsables como la de Estados Unidos, el presidente debe someterse anualmente a exámenes médicos que certifiquen su idoneidad para seguir al mando. En nuestro caso, se rumora sobre posibles adicciones o problemas mentales sin que exista un protocolo institucional para verificarlo. No puede ser que la persona que lleva sobre sus hombros el destino de más de 50 millones de colombianos esté sometida a esa presión sin controles formales y rigurosos.

Otro aspecto urgente por revisar es el poder presidencial para otorgar indultos o nombrar “gestores de paz”. No puede un presidente tener la facultad ilimitada de sacar de prisión a terroristas y delincuentes de alta peligrosidad para convertirlos en fichas políticas bajo la etiqueta de reconciliación. Es necesario establecer límites legales claros para evitar que procesos de paz legítimos se conviertan en instrumentos de conveniencia electoral.

Del mismo modo, es prioritario regular los nombramientos de ministros, embajadores y altos dignatarios. A partir del próximo periodo presidencial, estas designaciones deberían ser aprobadas por el Congreso o por un comité de ética independiente. No podemos seguir permitiendo que cargos clave sean ocupados por personas sin preparación, sin ética y sin el más mínimo criterio técnico o institucional. La democracia real no puede florecer si quienes la administran no están a la altura del desafío.

Por último, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) debería tener un verdadero poder vinculante para autorizar cualquier escape a la regla fiscal. La ruptura de esta norma sin las condiciones establecidas ha permitido endeudar al país sin límite alguno, debilitando las instituciones y amenazando al Congreso para aprobar reformas tributarias que agotan las cajas de las empresas del sector privado y erosionan el atractivo de Colombia como destino de inversión.

Colombia no puede seguir confiando su destino a la voluntad de una sola persona, sea quien sea. Las instituciones deben fortalecerse para que las decisiones estratégicas se tomen con rigor técnico, equilibrio y verdadera independencia. Si no ponemos límites claros al poder presidencial, corremos el riesgo de que el país se siga gobernando al vaivén de los caprichos de turno. Porque una democracia que existe solo en el papel es tan peligrosa como una dictadura disfrazada de legalidad. Es hora de blindar el futuro: no con más ideología, sino con más institucionalidad.